Abstract

Se presenta el caso de una paciente menor de edad (13 años) que es hospitalizada por una patología dermatológica severa y tratada con altas dosis de esteroides. Después de varios días de tratamiento intensivo, el dermatólogo pediatra, en respuesta a la pregunta de la madre de la niña sobre su evolución, le informa que no se ha obtenido respuesta satisfactoria al tratamiento, pero siguiere dejarlo por unos días más esperando se logre un resultado positivo.

La niña oye la respuesta del médico y solicita enojada que le retiren el tratamiento, que no solo no está siendo útil para su problema de salud, que ella conoce por información de la enfermera profesional del piso y por lo que ha leído en Google, sino que sabe que el tratamiento que le están dando le traerá efectos secundarios sobre su apariencia física. Se niego a aceptar la continuación del tratamiento y pide ser dada de alta para irse a su casa.

El médico le responde que ella no es autónoma por ser una menor de edad y que la decisión de suspensión del tratamiento es de sus padres que tienen la patria potestad y, por ende, si éstos no lo solicitan, se lo seguirán aplicando hasta que se considere conveniente. Le enfatiza que debe colaborar para facilitar el proceso de tratamiento. La niña muy molesta insiste en su negativa a dejarse aplicar más dosis de tratamiento.

Se analiza el caso aplicando el criterio planteado por el principio de respeto por la autonomía.